DERECHOS DE LOS INTERESADOS

DERECHO DE ACCESO. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento (en adelante, R.T.) confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los mismos.

DERECHO DE RECTIFICACIÓN. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del R.T. la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

DERECHO DE SUPRESIÓN. El interesado tendrá derecho a obtener del R.T. la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimirlos sin dilación indebida cuando, entre otros motivos: Los datos del interesado ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos; cuando el interesado retire su consentimiento para el tratamiento; cuando se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos; cuando sus datos hubiesen sido tratados ilícitamente; o en el caso de que sus datos deban suprimirse por obligación legal.
En todo caso, el interesado deberá tener en cuenta que el derecho de supresión queda limitado cuando exista obligación legal de retención o bloqueo de sus datos.

DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, de tal manera que se eviten tratamientos futuros por parte del R.T.; en estos casos el R.T. los conservará únicamente para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, la protección de terceros o por razones de interés público importante.

DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS. En determinados supuestos, el interesado tendrá derecho a recibir del R.T. los datos personales que le haya facilitado y que le incumban en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro R.T. sin que lo impida el R.T. al que se los hubiera facilitado previamente. Los requisitos contemplados en el RGPD 206/679 son: Que el tratamiento esté basado en el consentimiento; que sea necesario para la ejecución de un contrato; y que el tratamiento se efectúe por medios automatizados.

DERECHO DE OPOSICIÓN. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en el interés público (art. 6.1.e. del RGPD) en el interés legítimo (art. 6.1.f. del RGPD), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. En ese caso, el R.T. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, el ejercicio o la defensa ante posibles reclamaciones.

Los derechos de los interesados siguen siendo personalísimos, por lo tanto, serán ejercidos por el titular de los datos acreditando debidamente su identidad (para ello se le solicitará el DNI o equivalente). Sin embargo, se podrán ejercitar a también a través de su representante legal, bien por su situación de incapacidad o minoría de edad que le imposibilite el ejercicio personal de estos derechos en cuyo caso será necesario que acredite tal condición. También se podrá realizar a través de representación voluntaria mediante representante expresamente designado para el ejercicio del derecho. En ese caso, deberá constar claramente acreditada la identidad del representado, mediante la aportación de copia de su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, y la representación conferida por aquél.

El ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al R.T., que contendrá: Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique, o en su caso, de la persona que lo represente; petición en que se concreta la solicitud; documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso; dirección a efectos de notificaciones; fecha y firma del solicitante.

La utilización de firma electrónica identificativa del afectado o interesado eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente. Si el interesado solicita cualquiera de sus derechos por vía electrónica, se le responderá por esa misma vía, salvo que el interesado especifique otro medio de respuesta. Además, cualquier interesado podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido del R.T. satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Lo procedente es dirigir la solicitud inicialmente al R.T., y en caso de que la contestación no satisfaga al interesado o no se realizara en los plazos legalmente establecidos, comunicarlo entonces a la Autoridad de Control.

En el caso de España, la forma de ponerse en contacto con dicha Autoridad de Control sería dirigir un escrito a la Agencia Española de Protección de Datos Personales, C/ Jorge Juan n.º 6, C.P. 28001 (Madrid), o bien a través de su sede electrónica en www.aepd.es

Podrá obtener los modelos para la solicitud del ejercicio de sus derechos en la sede electrónica de la Autoridad de Control en www.aepd.es, y una vez debidamente cumplimentados deberán ser remitidos a la dirección postal o electrónica del R.T.

Si tiene cualquier duda al respecto puede ponerse en contacto con nosotros por email. Asimismo, para facilitarle la tarea podemos enviarle documentos descargables que deberá cumplimentar y remitirnos debidamente cumplimentados.

El R.T. deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado o interesado en sus tratamientos.

En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados, el responsable del tratamiento deberá solicitar la subsanación de los mismos. Corresponderá al R.T. la prueba del cumplimiento del deber de respuesta, debiendo conservar la acreditación del cumplimiento del mencionado deber.

La contestación se hará efectiva como máximo en el plazo reglamentariamente establecido, aunque siempre que el volumen de trabajo lo permita, se intentará elaborar y entregar la información en un tiempo inferior.

Se recuerda que los plazos reglamentarios de respuesta son de 30 días, con una prórroga de hasta dos meses más en casos excepcionalmente complejos y debidamente justificados e informados al interesado.